A dos semanas de la puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), prevista para el 1° de noviembre, las empresas muestran distintos niveles de preparación. Mientras las grandes compañías comenzaron a realizar gestiones con mayor anticipación, muchos pequeños empleadores todavía no eligieron la entidad que administrará sus recursos ni avanzaron con la apertura de las cuentas correspondientes.
Los tributaristas consultados por este informe advierten que el desconocimiento sobre el nuevo régimen, las dificultades para comparar las alternativas financieras y las dudas operativas concentran buena parte de las inquietudes de las empresas. Aunque algunas organizaciones ya iniciaron gestiones a través de bancos y agentes financieros, otras todavía no incorporaron plenamente el sistema a su planificación.
Los FAL fueron creados mediante la Ley 27.802 de Modernización Laboral y permitirán constituir fondos destinados a contribuir al pago de indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la finalización de las relaciones laborales. Para financiarlos, los empleadores deberán destinar mensualmente un porcentaje de las remuneraciones sujetas a contribuciones patronales, cuyos recursos serán administrados por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Aunque el régimen comenzará a regir el mes próximo, las primeras contribuciones corresponderán a los salarios devengados durante ese mes y se abonarán en diciembre, junto con las restantes obligaciones de la seguridad social. Ese calendario les permite a las empresas avanzar con los trámites necesarios antes del primer vencimiento, pero también deja en evidencia las diferencias de preparación entre las organizaciones de mayor tamaño y los pequeños empleadores.
Las grandes empresas se anticiparon y las pymes llegan más rezagadas
La preparación de las empresas para la puesta en marcha del nuevo sistema avanza a diferentes ritmos. Según los especialistas, las grandes compañías comenzaron a analizar las opciones disponibles y a realizar los trámites necesarios con mayor anticipación. En cambio, muchos pequeños empleadores todavía no eligieron la entidad a través de la cual realizarán sus aportes.
“Como era de esperar, las empresas más grandes fueron las que se prepararon con mayor anticipación, mientras que muchos pequeños empleadores todavía ni siquiera definieron la entidad administradora a través de la cual realizarán sus inversiones”, explica Marcos Zocaro, consultor tributario.
La situación también aparece en las consultas que recibe Marcelo D. Rodríguez, tributarista, quien advierte que buena parte de las compañías con las que trabaja todavía no ha avanzado significativamente en la implementación. “La verdad es que las empresas todavía no tomaron debida nota de esta novedad. Está todo muy verde y ni siquiera gestionaron las cuentas correspondientes”, señala.
“Lo que observamos es que todavía hay bastante desconocimiento sobre el tema y que las empresas no lo tienen del todo incorporado. Las compañías más grandes, o las pymes de mayor tamaño que atendemos, ya iniciaron algunas gestiones, principalmente para canalizar los aportes a través de una ALyC o de bancos. Sin embargo, por ahora son casos puntuales y no vemos que este proceso avance de manera generalizada entre las empresas”, sostiene Rodríguez.
La elección de las administradoras, una de las principales dificultades
Uno de los interrogantes más frecuentes entre las empresas está relacionado con la elección de la entidad administradora y del vehículo de inversión donde se depositarán los recursos.
“Lo que más dudas generó fue la elección de la entidad administradora y del vehículo de inversión. Muchas consultas se centraron en cómo comparar las distintas opciones disponibles y qué aspectos tener en cuenta, como las comisiones, la política de inversión, la trayectoria y la facilidad operativa”, explica Zocaro.
En esta línea, Francisco Pardo, presidente de Mariva Fondos, sostiene que “las empresas deberían esperar de su administradora bastante más que la ejecución de una inversión”. “Tiene que haber acompañamiento, capacidad de respuesta, información clara y un equipo que pueda explicar qué está haciendo con los recursos y por qué”, señala el directivo. La empresa de capitales argentinos es un ‘clásico’ de la city entre empresas locales que buscan atención dedicada.
La implementación del régimen también abrió un espacio de competencia para las entidades financieras interesadas en administrar los nuevos fondos. Según el especialista, las entidades bancarias comenzaron a presentar propuestas comerciales para atraer a empresas que todavía no seleccionaron una administradora o para conservar a sus clientes actuales.
“Los bancos presentaron propuestas bastante agresivas para captar o retener clientes, con beneficios como el ‘Reintegro del 100% de la comisión de administración del FAL hasta el 31 de diciembre de 2027′”, agrega. Fuera de los bancos líderes, otras entidades como Mariva Fondos también están viendo una aceleración en el ritmo de las consultas.
Las bonificaciones se convirtieron así en otro elemento que los empleadores deben evaluar antes de tomar una decisión. Sin embargo, la elección de una entidad también involucra cuestiones relacionadas con la experiencia en la administración de activos, la política de inversión, los costos y la facilidad para realizar las operaciones.
De acuerdo con la Ley 27.802, las entidades habilitadas podrán percibir comisiones y gastos por sus funciones, con un tope de comisión del 1%. La regulación también contempla que los empleadores puedan trasladar los recursos acumulados a otro vehículo de inversión autorizado, bajo las condiciones establecidas para ese procedimiento.
Las dudas de las empresas van más allá de la elección de una entidad administradora. También surgen consultas sobre cómo identificar las cuentas y qué información deben registrar ante ARCA.
“También hubo bastante confusión sobre el ID FAL, principalmente acerca de cómo obtenerlo, cuándo informarlo en Simplificación Registral de ARCA y qué sucede si no se comunica a tiempo, ya que en ese caso se asigna de oficio”, señala Zocaro.
El especialista también identifica preguntas recurrentes sobre la vigencia del certificado MiPyME, debido a que esa condición determina la alícuota que corresponde aplicar. A estas consultas se suman las relacionadas con el tratamiento impositivo, las exenciones previstas y la identificación de los trabajadores efectivamente alcanzados.
El impacto sobre los costos laborales representa otra preocupación. “La consulta que más nos hacen es si esto representa un gasto o un costo adicional para la empresa”, explica Rodríguez.
Qué tienen que hacer las empresas antes de noviembre para implementar los FAL
La proximidad de la entrada en vigencia obliga a los empleadores a revisar una serie de cuestiones administrativas y financieras. Si bien el régimen comenzará a aplicarse desde noviembre, el primer pago se realizará en diciembre, de acuerdo con el calendario de vencimientos de las contribuciones de la seguridad social.
“Para el empleador, el cronograma no debería leerse únicamente como una fecha de vencimiento. Una correcta planificación previa permite proyectar los aportes de la compañía, validar la caracterización (Pyme/empresa grande) y definir la estrategia de administración de los recursos. Anticipar estas definiciones no solo facilita la operatoria mensual, sino que también contribuye a optimizar el capital de trabajo y la eficiencia financiera de la empresa”, explica Ezequiel Ferrando, gerente de Inversiones de Mariva Fondos.
La Resolución General 5907/2026 de ARCA, publicada el 1° de octubre, estableció los procedimientos que deberán seguir las empresas para determinar e ingresar las contribuciones al nuevo sistema.
Uno de los primeros pasos consiste en verificar la situación registral de la compañía y su caracterización como empleador. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, resulta fundamental comprobar que el certificado MiPyME esté vigente y que su condición aparezca correctamente registrada ante ARCA.
Esta identificación determina la alícuota aplicable. Las MiPyMEs y determinadas entidades sin fines de lucro deberán aportar el 2,5%, mientras que para el resto de los empleadores privados alcanzados el porcentaje será del 1%. Ambas alícuotas se calculan sobre las remuneraciones utilizadas como base para determinar las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
“Cuando una empresa escucha 1% o 2,5%, la primera reacción lógica es preguntarse cuánto más va a pagar. Pero en la práctica, el FAL no representa un costo adicional para las compañías, sino la posibilidad de reasignar contribuciones existentes a una estructura de inversión que permite potenciar el rendimiento de los fondos, optimizando el capital de trabajo y generando beneficios financieros concretos para las empresas”, explica Francisco Pardo, de Mariva Fondos.
Otro de los pasos consiste en elegir una entidad habilitada por la CNV y seleccionar el vehículo de inversión colectiva mediante el cual se administrarán los recursos. El Decreto 408/2026 establece que estos instrumentos pueden adoptar la forma de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros autorizados.
Una vez seleccionada la alternativa, la empresa deberá convenir la apertura de una Cuenta Individual del Empleador, destinada a identificar y administrar los recursos correspondientes al FAL. La entidad habilitada le asignará un identificador único, denominado ID FAL, y le informará los datos bancarios del vehículo de inversión que recibirá las contribuciones. Ese identificador será necesario para completar la vinculación de la cuenta con los sistemas de ARCA.
Según el procedimiento publicado por el organismo recaudador, a partir del 1° de noviembre de 2026 los empleadores deberán ingresar al servicio Simplificación Registral, dentro del menú “Datos del Empleador”, y seleccionar la opción “Fondo de Asistencia Laboral”.
Allí deberán declarar su condición de empleador perteneciente al sector público o privado y, cuando corresponda, validar el ID FAL asociado a la cuenta individual. La declaración de la condición del empleador deberá realizarse antes de presentar la declaración jurada correspondiente a los aportes y contribuciones de noviembre. A su vez, los empleadores privados tendrán que informar y validar el ID FAL antes de ingresar su primera contribución mensual.
La regulación también contempla una solución para aquellos empleadores que no hayan informado un identificador válido. En ese supuesto, ARCA retendrá transitoriamente los importes correspondientes al fondo sin derivarlos a una administradora. Si transcurre un mes desde el vencimiento de la obligación de pago y la empresa continúa sin informar un ID FAL válido, la CNV procederá a asignarle de oficio un vehículo de inversión colectiva autorizado.
Posteriormente, ARCA comunicará esa asignación mediante el Domicilio Fiscal Electrónico del empleador. La falta de selección de una administradora, por lo tanto, no elimina la obligación de realizar los aportes correspondientes.
En cuanto a la liquidación, el sistema Declaración en Línea calculará automáticamente la contribución mensual que corresponda según la caracterización del empleador. El monto se incorporará a la declaración jurada F.931 y se abonará en la misma fecha establecida para las restantes obligaciones de la seguridad social.
Para las empresas, esto implica que la preparación no se limita a contratar una administradora: también requiere revisar su situación registral, comprender cómo se calcularán los aportes y organizar los procedimientos necesarios para cumplir con la nueva obligación.
“Para proyectar el FAL no alcanza con conocer la alícuota. Hay que trabajar con la base imponible real de la compañía, su evolución esperada, la composición de la nómina y los movimientos laborales. A partir de ahí puede estimarse el flujo de aportes y empezar a relacionarlo con las necesidades futuras”, señala Nicolás Merea Vega, Portfolio Manager de Mariva Fondos.
Dónde se invertirá el dinero de los FAL y qué impacto podría tener en el mercado
Además de introducir un nuevo mecanismo de administración de las obligaciones laborales, los FAL podrían convertirse en una fuente recurrente de recursos para el mercado de capitales argentino.
La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía estableció que las administradoras solo podrán invertir los fondos en cuatro categorías de activos: títulos de deuda del Estado nacional, deuda de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, depósitos bancarios y obligaciones negociables emitidas por empresas privadas en la Argentina.
Las inversiones deberán cumplir condiciones de seguridad, liquidez, diversificación y preservación del capital. Para los títulos provinciales y las obligaciones negociables privadas, la normativa exige autorización de oferta pública, negociación en mercados autorizados y calificación de riesgo AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas.
También establece límites de concentración y dispone que al menos el 10% del patrimonio permanezca invertido en activos de alta liquidez y bajo riesgo de mercado. A su vez, las entidades habilitadas no podrán invertir los fondos en determinados instrumentos emitidos por ellas mismas o por compañías vinculadas.
Los activos deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos, dentro de las condiciones previstas por la regulación. Para las empresas, la administración profesional de estos recursos podría aportar mayor previsibilidad financiera y permitir que el dinero acumulado genere rendimientos, aunque esos resultados dependerán de la evolución de las inversiones y de las condiciones de cada cartera.
Desde una perspectiva más amplia, el economista Adrián Moreno considera que el mecanismo podría favorecer la aparición de un nuevo inversor institucional recurrente en el mercado argentino.
“El FAL puede transformar una parte del costo laboral en ahorro institucional canalizado al mercado de capitales. En vez de que las empresas enfrenten las indemnizaciones solo como contingencias futuras, el sistema crea fondos periódicos administrados financieramente”, explica.
Según Moreno, la aparición de compradores institucionales recurrentes podría contribuir a desarrollar el mercado de capitales argentino, aportando mayor volumen de operaciones, profundidad y previsibilidad.
Tasa fija, CER, UVA o TAMAR: cómo influye la composición de cada cartera en sus resultados
Que dos fondos operen bajo un mismo marco regulatorio no significa que ofrezcan idénticas condiciones de inversión. Las diferencias aparecen en la manera en que cada administradora distribuye los recursos entre los instrumentos habilitados, una decisión que puede modificar tanto la rentabilidad como los riesgos asumidos.
La normativa contempla activos a tasa fija, vinculados a la TAMAR, ajustables por CER —entre ellos, los instrumentos UVA— y asociados a la evolución del tipo de cambio, además de ciertos bonos duales. Sin embargo, el resultado de cada cartera depende de cómo se combinan esas alternativas, los plazos de inversión y la liquidez disponible para atender las necesidades de las empresas.
Para Marcos Díaz Leal, Portfolio Manager de Mariva Fondos, evaluar una cartera exige ir más allá del listado de instrumentos autorizados. “No alcanza con mirar qué activos están permitidos. Hay que entender cómo están combinados”, advierte el especialista. Según explica, cuatro variables resultan decisivas: “Duración, indexadores, concentración y liquidez”, ya que determinan cómo puede reaccionar una cartera frente a diferentes escenarios económicos y las necesidades particulares de cada compañía.
La cuenta regresiva para las empresas
A pocas semanas de noviembre, los testimonios de los tributaristas muestran que la adaptación al régimen todavía avanza de manera desigual: las grandes compañías comenzaron a prepararse, mientras que muchos pequeños empleadores todavía deben resolver decisiones fundamentales sobre la administración y registración de sus aportes.
El comienzo de los FAL pondrá a prueba esa preparación y marcará el inicio de un mecanismo que vincula la planificación de las obligaciones laborales con el sistema financiero. Para las compañías que todavía no completaron los pasos iniciales, las próximas semanas serán determinantes para organizar su incorporación al régimen.
